¿Qué es el caso #LaCooperacha?

Ciudad de Guatemala.  El ex presidente de Guatemala Otto Pérez, la ex vicepresidenta Roxana Baldetti  y cinco de sus ex ministros fueron acusados hoy por el Ministerio Público (MP) de estar implicados en un nuevo caso de corrupción que reunía sumas millonarias de dinero destinado a la compra de ostentosos regalos a su favor.

La fiscal general, Thelma Aldana, y el titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad para Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, explicaron en rueda de prensa que los integrantes de este “grupo criminal”, realizaron la compra de tres regalos para el ex presidente Molina valorados en 33 millones de quetzales (unos US$ 4,3 millones) del 2012 al 2014.

“Los aportes se realizaron en efectivo para ocultar las transacciones y no dejar rastro del dinero; las cantidades entregadas por los ex funcionarios no están de acuerdo a las declaraciones patrimoniales presentadas ante la Contraloría General de Cuentas”, expresó la también jefa del MP.

Ante esto, se logró la captura del ex ministro de la Defensa, Héctor Manuel López Ambrosio, por los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero y la del ex ministro de Gobernación, Héctor Mauricio López Bonilla, por asociación ilícita, lavado de activos, cohecho pasivo y fraude.

Además, se giraron órdenes de detención en contra del ex ministro de la defensa (periodo 2012) Ulises Anzueto, y a nivel internacional, en contra del ex titular del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Alejandro Sinibaldi, y el  ex ministro de Energía y Minas, Erick Archila, por los delitos de asociación ilícita y lavado de activos.

La investigación

Los regalos para el ex presidente Molina iniciaron en 2012 con una lancha Yamaha  valorada en 2 millones de quetzales. Los aportes fueron hechos por Anzueto, López Bonilla, Sinibaldi  y Juan de Dios Rodríguez, ex presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), éste último ya detenido por un caso anterior. Cada uno aportó 250.000 quetzales.

En 2013, el regalo consistía en la compra de una casa de playa ubicada en el municipio de Taxisco, departamento de Santa Rosa, valorada en 1 millón de dólares.

En esta compra participaron López Ambrosio, Sinibaldi, López Bonilla y Rodríguez, con un aporte de 1 millón 500 mil quetzales cada uno.

Mientras en 2014 el regalo consistía en la compra de un helicóptero Bell 470GX, modelo 2013 valorado en 3 millones 500 mil dólares.

Para este regalo, López Ambrosio aportó 1 millón 950 quetzales, Sinibaldi 245 mil dólares, Archila 750 mil quetzales; López Bonilla 98.200 dólares y 13.000 quetzales y Rodríguez 1 millón 950.000 quetzales.

Por aparte, los regalos para Baldetti, fueron de 500.000 dólares para la compra de un bien del club Pristine Bay  en Roatán, Honduras en 2014. Para reunir dicha suma, los ex ministros y el ex presidente del IGSS aportaron 750.000 quetzales cada uno.

Según investigaciones del Ministerio Público, los aportes se realizaron en efectivo para ocultar las transacciones y no dejar rastro del dinero.

Quinto caso

Por esta trama, denominado “La Cooperacha”, Pérez y Baldetti son acusados por los delitos de asociación ilícita y lavado de activos. Con esta investigación cuatro casos de corrupción en su contra.

“Este caso es un absoluto irrespeto en el manejo de los recursos del Estado, como si fueran de su propiedad, con estos incompensables e injustificables caprichos”, dijo el Comisionado Iván Velásquez.

Velásquez destacó que estos ex funcionarios abusando de sus calidades, dispusieron de las instituciones como un “botín” para sustraer grandes cantidades de dinero.

Actualmente, Pérez y Baldetti son acusados por el MP y la CICIG por los casos “La Línea”, una trama de defraudación aduanera descubierta en abril del 2015.

Además, son señalados de haber recibido sobornos por unos 24 millones de dólares en las negociaciones del contrato de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).

También se les vincula al caso denominado “Cooptación del Estado” que involucra a otro medio centenar de personas, entre ex funcionarios, empresarios y banqueros. La investigación detalla que se creó un “emporio criminal” para alcanzar el poder el 14 de enero de 2012 mediante el financiamiento electoral ilícito a favor del Partido Patriota (PP).

Foto: Prensa Comunitaria

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