Guatemala, un país de tránsito y destino para la trata de personas con fines de explotación sexual

Ciudad de Guatemala. Con la presencia de representantes de la comunidad internacional, sectores sociales y autoridades gubernamentales, la CICIG y UNICEF presentaron el día de hoy el informe: Trata de personas con fines de explotación sexual en Guatemala, el cual tiene como objetivo orientar políticas públicas, presupuestos y estrategias de investigación para identificar y desarticular las estructuras responsables de este delito.

Participaron en la mesa principal el Vicepresidente de la República, Jafeth Cabrera Franco; la Fiscal General de la República, Thelma Aldana Hernández; el Comisionado Iván Velásquez Gómez, y la Representante Adjunta de UNICEF, Mariko Kagoshima. El evento se realizó en el auditorio Luis Cardoza y Aragón, de la Embajada de México.

En su intervención el Comisionado señaló que el informe demuestra la gravedad del problema que está afectando principalmente a niños, niñas y adolescentes, por lo cual este problema no debe pasar inadvertido y tiene que despertar una reacción de la ciudadanía para erradicarlo.

“Es indispensable que todas las autoridades de todos los niveles, todos los que puedan tener incidencia en la solución de este problema actúen con decisión. En lo que corresponde a CICIG, estamos comprometidos con la tarea de la identificación, desarticulación y persecución de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad que han afectado el país; reiteramos nuestro compromiso de actuar unidos con el Ministerio Público en la desarticulación de las grandes estructuras que se esconden detrás de este fenómeno criminal”, aseveró.

Destacó que Guatemala es utilizada como un país de tránsito y destino para que se cometa este delito. “Es indispensable pasar a la acción”, enfatizó. Posteriormente señaló las recomendaciones dirigidas a las instituciones gubernamentales que tienen relación con el tema de trata de personas.

En su discurso la Fiscal General de la República, Thelma Aldana Hernández, manifestó que aunque existe una Ley contra la Trata de Personas para combatir este flagelo, sólo se han impulsado algunas acciones aisladas para enfrentarlo. Consideró que es necesario que se impulsen más acciones para prevenir este delito.

Mientras tanto, el Vicepresidente de la República, Jafeth Cabrera Franco, se comprometió desde el Ejecutivo a iniciar acciones en conjunto con las instituciones gubernamentales relacionadas con el tema para prevenir y erradicar este fenómeno criminal. Extendió el llamado a la sociedad para que en su conjunto se impulsen dichas acciones.

La Representante Adjunta de UNICEF, Mariko Kagoshima, detalló los principales hallazgos del informe y señaló que ante las características de este fenómeno y la sociedad es necesario una respuesta por parte de la ciudadanía e instituciones nacionales, la cual debe orientarse hacia tres ámbitos: erradicar la trata de personas con fines de explotación sexual, apoyar a las víctimas y hacer justicia.

El informe

La trata de personas con fines de explotación sexual constituye una grave violación a los derechos humanos, especialmente contra los niños, niñas y adolescentes. Este delito conlleva consecuencias devastadoras para las víctimas, como traumas físicos y psicológicos, enfermedades sexuales, desnutrición, aislamiento social y, en algunos casos, el suicidio o la muerte en manos de explotadores o clientes.

La trata de personas es una forma de esclavitud moderna que debe alertar a toda la sociedad, especialmente a las autoridades, para rechazarla y erradicarla. Por esta razón, el día de hoy la CICIG y UNICEF hacen la entrega oficial del informe: “Trata de personas con fines de explotación sexual en Guatemala”.

El objetivo de este informe es orientar políticas públicas, presupuestos y estrategias de investigación para identificar y desarticular a las estructuras responsables de este delito. También se pretende que se impulsen otras acciones con el fin de prevenir y combatir el flagelo, atender a las víctimas y que se aplique la justicia para que los delitos de esta índole no queden en la impunidad.

Principales hallazgos

Por su posición geográfica y la precaria economía de los países de la región, Guatemala es vulnerable a la trata de personas con fines de explotación sexual, pues muchas personas guatemaltecas, centroamericanas y de otras naciones buscan trasladarse hacia los países del norte, especialmente Estados Unidos. La intensificación de los flujos migratorios en los últimos años ha convertido al país en origen, tránsito y destino de trata internacional, por lo cual este delito está expandido a nivel nacional.

El informe también evidencia que otras mujeres –principalmente- de Colombia, Honduras, El Salvador y Nicaragua son explotadas por las redes internacionales de prostitución en perímetros de la ciudad de Guatemala y del interior del país. La presencia de redes de tratantes nacionales e internacionales del crimen organizado dedicadas a este delito, constituye un grave problema de seguridad ciudadana porque corrompe a funcionarios del sistema de seguridad y justicia por las cuantiosas ganancias obtenidas en esta actividad ilícita.

Se estima que en Guatemala hay aproximadamente 48,600 víctimas directas de trata de personas con fines de explotación sexual, y que las ganancias ilícitas generadas por este delito alcanzan los 12,300 millones de quetzales, lo que equivale al 2.7% del Producto Interno Bruto (PIB), es decir, más del presupuesto total de educación para la niñez y la adolescencia estimado en 1.44% del PIB, en el 2014.

Este delito involucra de manera recurrente a agentes del Estado, quienes tienen acceso ilegal a registros de identidad, movilidad migratoria, facilidades de transporte, permisos sanitarios, entre otros.

El informe analiza las redes de explotación, el perfil de los tratantes y los mecanismos utilizados de captación, traslado, acogida y explotación. Se caracterizan los centros de explotación sexual por estrato económico, y se realiza una aproximación de los flujos financieros ilícitos generados por la trata de personas con fines de explotación sexual.

También se examina la respuesta del aparato judicial a este fenómeno por parte de las instancias a cargo de la investigación y persecución penal; el procesamiento de los responsables de trata de personas y las medidas de reparación digna. Contiene un análisis cualitativo de los resultados en sentencias judiciales de la aplicación de la legislación en materia de trata de personas.

El documento contiene una serie de conclusiones y recomendaciones dirigidas a los tres poderes del Estado y a las instituciones gubernamentales autónomas y semiautónomas que tienen relación con el tema.

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