La Idoneidad es fundamental para rescatar al país

Por: Ana Julia Solís

Ante la corrupción en la que incurren, abiertamente, algunos funcionarios públicos de Guatemala, me hizo reflexionar una frase, que recientemente circuló en las redes sociales de autor anónimo,  la cual decía así: “el primer acto de corrupción que un funcionario público comete es aceptar un cargo para el cual no tiene las competencias necesarias”.

Según la Carta Iberoamericana de la Función Pública[1] (2003) “La función pública está constituida por el conjunto de arreglos institucionales (…) cuya finalidad es garantizar un manejo adecuado de los recursos humanos, en el marco de una administración pública profesional y eficaz, al servicio del interés general”.  Siendo así, todos los trabajadores del Estado se deben contratar cumpliendo el principio de idoneidad; lo que significa que el empleado gubernamental debiera poseer las competencias necesarias para realizar determinada tarea; especialmente si se busca, para el beneficio del país, que el trabajo se realice con eficiencia y profesionalidad.

Tener las competencias necesarias, conforme el Art. 42 (incisos1al 3) de la Ley del Servicio Civil, implica: poseer aptitud moral, intelectual y física propias para el desempeño de un puesto; contar con los requisitos mínimos especiales que establezca el manual de especificaciones de clase para el puesto que se trate y demostrar la idoneidad sometiéndose a pruebas, exámenes o concursos que establezca la ley y sus reglamentos.

Por lo tanto, ningún servidor o funcionario público debería ser contratado si no cumple con los requisitos que el puesto implica, por ejemplo: en el sector privado ningún empresario contratará a un trabajador que no esté preparado para desempeñar un trabajo y por eso antes de contratarle se cerciorará que tenga las competencias para desarrollar con eficiencia las tareas que se le asignarán, porque de no hacerlo le provocaría pérdidas en su negocio. Ahora imaginemos lo que el Estado pierde, por tener en las instituciones públicas empleados que no tienen las competencias necesarias, o sea que no cumplen con el principio de idoneidad.

Sabemos que muchos de los empleados del Estado consiguen el trabajo por compadrazgo o tráfico de influencias y no precisamente por sus calidades profesionales o técnicas. De igual forma, es de todos conocidos que para los políticos las plazas son un botín ya que, desde ese pernicioso ejercicio clientelar de la política, son la forma de pago para quienes les financiaron o apoyaron la campaña. Las consecuencias por no aplicar este principio de idoneidad, las podemos observar todos los días cuando vistamos las instituciones públicas y nos topamos con servidores públicos que  no agilizan los procesos,  que  trabajan por el salario y no por un compromiso con la institución o por el deseo de servir a su país, que buscan cualquier excusa para ausentarse del trabajo, desperdician recursos, solo actúan buscando el beneficio personal, etc. Lo que ha dado como resultado que contemos con una institucionalidad inoperante, debilitada y que no contribuye al desarrollo que la población necesita.

Siendo así, es indispensable que para poder optar a los puestos públicos existan procesos de oposición, ampliamente publicitados.  Ello implicaría que cada ciudadano podría aplicar (presentar papelería, examinarse o ser entrevistado) a cualquier plaza, si cuenta con las competencias, podrá ser seleccionado como candidato para optar a un cargo y nunca debería necesitar ser apadrinado por algún político.  Guatemala requiere, hoy más que nunca, de su mejor recurso humano, es urgente que se cuente con las personas idóneas para el ejercicio de la función pública.

Las y los guatemaltecos debemos exigir que en las instituciones públicas se  contraten a personas competentes, o sea idóneas, oponernos rotundamente a que se otorguen plazas por compadrazgo o tráfico de influencias y denunciar ante las instancias correspondientes, o públicamente, si se tiene conocimiento de una situación como esta. Ha llegado el momento en el que ya no podemos seguir permitiendo las arbitrariedades de las y los políticos corruptos, necesitamos instituciones públicas fortalecidas, con personal idóneo, que respondan a las necesidades de la población guatemalteca.

Foto: Bryan Rosales. Reportaje De.

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[1] CLAD (Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo y NU (DESA) Naciones Unidas Departamento de Asuntos Económicos y Sociales. Aprobada por la V Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, 26-27 de junio de 2003. Respaldada por la XIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno (Resolución Nº 11 de la “Declaración de Santa Cruz de la Sierra”) Bolivia, 14- 15 de noviembre de 2003.

 

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