MP da muestras de compromiso en la lucha contra la corrupción

Ciudad de Guatemala. Según informó el Ministerio Público (MP) a través de un comunicado, la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público, Thelma Aldana, fortaleció este año, la Fiscalía contra la Corrupción con más personal y reforzamiento de las capacidades en investigación y persecución penal.

“La corrupción es el abuso del poder público particular, este fenómeno es por medio del cual un funcionario público es impulsado para favorecer intereses particulares a cambio de una recompensa”, señaló la Fiscal durante el anuncio del fortalecimiento de la Fiscalía contra la Corrupción el pasado 7 de abril.

Ese fortalecimiento, ha dado los primeros resultados en el trabajo lo que se ve reflejado en estadísticas entre enero y noviembre del 2015, donde la Fiscalía cuya sede se encuentra en el Centro de Fiscalía contra la Corrupción, ha coordinado la aprehensión de 53 personas, 115 ligadas a proceso penal y 88 condenadas.

Durante ese mismo periodo, el MP presentó un total de 27 antejuicios contra funcionarios de los cuales 5 fueron declarados con lugar, 3 sin lugar, 3 perdieron el beneficio de antejuicio y 16 se encuentran pendientes por resolver.

Entre los funcionarios más denunciados se encuentran alcaldes junto a sus corporaciones municipales por casos o denuncias relacionadas con manejo de fondos y la sobrevaloración de proyectos.

Los delitos más más denunciados son: peculado en sus diferentes modalidades, malversación, cohecho activo, cohecho pasivo, enriquecimiento ilícito, falsedad ideológica y falsedad material, apropiación y retención indebida.

Algunos caso que investiga la Fiscalía contra la Corrupción

Luis Reyes Mayen

El 9 de septiembre de 2015 a solicitud del Ministerio Público, el Juzgado Octavo Penal, resolvió ligar a proceso a Luis Reyes Mayén, expresidente de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, por el delito de abuso de autoridad.

La Fiscalía lo sindica de actos de corrupción porque supuestamente utilizó recurso humano y material propiedad del IGSS para realizar trabajos de remodelación en dos casas de su propiedad.

El MP detalla que, durante el periodo comprendido de febrero de 2012 a febrero de 2013, Reyes ordenó a Julio Mazariegos de León, carpintero contratado por el IGSS, realizar dichas reparaciones.

Entre las pruebas se cuenta con la declaración de dos pilotos que continuamente trasladaban al carpintero a las propiedades. El 7 de diciembre fue presentado el acto conclusivo y para el 30 de diciembre está programada la audiencia intermedia a las 10:00 de la mañana ante el Juzgado Octavo de Primera Instancia Penal.

Julia Maldonado

La exdirectora general del Consejo Nacional Para la Juventud, la diputada Julia Maldonado, fue enviada a juicio penal por el delito de peculado luego de que el  Juzgado Undécimo de Primera Instancia Penal diera valor probatorio a la acusación presentada por el MP.

El Ministerio Público la acusa de recibir una donación de Q3.5 millones dinero que fue adjudicado a dicha institución y cuyos fondos presuntamente los utilizó para comprar un vehículo a su progenitora.

La supuesta malversación fue detectada por medio de una auditoría realizada por la entidad internacional que hizo la donación. Ante la situación, la Fiscalía solicitó que a la diputada se le retirara el derecho de antejuicio y así investigar su posible participación en ese caso.

El 4 de diciembre fue presentado ante el Juzgado Undécimo de Primera Instancia Penal los medios de prueba que consisten en 13 testigos y 100 elementos documentales, estos fueron admitidos por la judicatura. El debate fue programado para el 23 de diciembre ante el Tribunal Treceavo de Sentencia Penal a las 9 de la mañana.

María Marta y Crista Eugenia Castañeda Torres

El 9 de noviembre de 2015, Martha Castañeda Torres, fue condenada por medio de un procedimiento abreviado a dos años y dos meses de cárcel conmutable, a razón de cinco quetzales diarios, que incluye además el pago de una multa de 50 mil quetzales y una reparación digna de 47 mil 500. El delito por el cual fue sentenciada es estafa.

La Fiscalía contra la Corrupción acusaba a Castañeda Torres, propietaria de la empresa AFINSA, junto a su hermana Christa Eugenia María Castañeda Torres, (prófuga de la justicia y propietaria de la empresa ASEF), quienes ofrecieron sus servicios para agilizar los préstamos que las municipalidades realizaban a un banco del sistema y de los cuales cobraban un porcentaje.

Mediante las investigaciones realizadas por la Fiscalía se determinó que ambas no realizaron ningún trámite ante el banco ni ante el Instituto de Fomento Municipal (INFOM), entidad a la que la municipalidad también pagaba el uno por ciento sobre el valor del préstamo. Estafando de esta forma entre los años 2005 y 2006, municipalidades por los servicios que nunca prestaron.

Corporación Municipal de Pueblo Nuevo Viñas y Cuilapa, Santa Rosa

El 30 de octubre de 2015, una investigación de la Fiscalía contra la Corrupción permitió la aprehensión de 10 personas, entre ellas el exalcalde  de Cuilapa, Santa Rosa, Ovidio Barrera García, así como integrantes de las corporaciones municipales de esa cabecera departamental y del municipio de Pueblo Nuevo Viñas, quienes según las pesquisas presuntamente incurrieron en actos de corrupción durante su gestión.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, los concejos municipales de las comunas de Cuilapa y Pueblo Nuevo Viñas, Santa Rosa; entre los años 2004 y 2007, aprobaron la adjudicación de varias obras a tres empresas, facilitando de esta manera que una persona sin ninguna relación comercial, ni relación legítima que lo justificara, recibiera fraudulentamente fondos correspondientes a dichas obras.

Los montos adquiridos fueron depositados a una cuenta mancomunada de Olga Aracely López con otra persona, quienes posteriormente distribuyeron ilegítimamente parte de ese monto entre varios empleados y funcionarios de esas corporaciones municipales y familiares de estos. La defraudación al Estado fue  por Q4 millones entre las dos municipalidades.

Por este caso se encuentran ligados a proceso penal por peculado: Edgar Ovidio Barrera García, Félix Ochoa, Marlon Hernández Álvarez, Víctor Hugo Quinteros Betancourth, Idal Samayoa Morales, Eric Miguel Morales Gutiérrez, Bolfi Eleazar Gálvez Velásquez, Juan Eliseo Roldan Martínez, María Bertila Contreras Lutin de Ronquillo, Estuardo Barrundia Solórzano

Mientras que Olga Aracely López y Anderson Ottoniel Salazar Barrillas,  por casos especiales de estafa. El acto conclusivo para este caso fue programado para febrero de 2016.

Foguavi

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía contra la Corrupción, en el período entre los años 2009-2010, el Fondo Guatemalteco para la Vivienda (Foguavi) suscribió un convenio con una desarrolladora de proyectos para la implementación de una lotificación en Masagua, Escuintla; dicho proyecto tendría dos mil tres lotes para esa cantidad de familias y debían ser adquiridos por personas de escasos recursos.

En la investigación se determinó que el proyecto nunca fue entregado, sin embargo, los desembolsos de los montos si se hizo tal y como se acordó, incluso con modificaciones para aumentar el porcentaje en cada pago, haciendo un desembolso total de Q36 millones 054 mil quetzales.

Por este caso, la Fiscalía coordinó las aprehensiones el pasado 4 de diciembre del húngaro Miklos Nagy Deak y el guatemalteco Ramiro Eduardo Luna Méndez, este último habría trabajado como coordinador del área técnica de FOGUAVI entre 2009 a 2010.

Luna es sindicado por los delitos de abuso de autoridad, peculado y falsedad ideológica, mientras que Nagy Deak, es señalado por casos especiales de estafa y defraudación tributaria.

Se estableció que por medio de los dictámenes que hacía Estuardo Luna, se justificaron los desembolsos que le fueron entregados a la desarrolladora del proyecto.

El expediente se inicia con la denuncia de FOGUAVI, en la cual hacen referencia de irregularidades en la contratación y elaboración de proyectos por la entidad Industria Ganadera del Atlántico Sociedad Anónima –INGALSA-; siendo su representante legal Nagy Deak.

Este caso ha llevado tres años de investigación, análisis documental, auditorías de la Contraloría General de Cuentas y declaraciones testimoniales. Los implicados son perseguidos por sospechas de que cometieron los delitos asociación ilícita, peculado, falsedad ideológica, abuso de autoridad, conclusión, casos especiales de estafa y usurpación de atribuciones.

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